24 de marzo. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Esta fecha constituye una oportunidad para recordar el golpe de Estado de 1976. A casi 50 años de aquel acontecimiento, resulta pertinente abordar el pasado reciente en las aulas y trabajar en la formación de ciudadanías democráticas en las escuelas bonaerenses.
La efeméride recuerda la última dictadura militar ocurrida en Argentina entre 1976-1983, que desplegó un sistema represivo inédito e ilegal conocido como terrorismo de Estado, cuyas principales características fueron el secuestro y la desaparición de miles de personas a través de una red de centros clandestinos de detención y la apropiación de niñas y niños.
La Pedagogía de la Memoria se pregunta cómo transmitir el pasado reciente a las nuevas generaciones para que encuentren sentidos en el presente, y también cómo abordarlo ante la circulación de discursos que relativizan o niegan lo sucedido.
En esta oportunidad, se propone como ejercicio pensar qué palabras se usan para hablar sobre ese pasado y cuáles podrían ser eficaces para construir un diálogo con las y los estudiantes, para convocarlas y convocarlos a tomar la palabra y revitalizarla. Muchas de esas palabras, acompañadas de imágenes, ya están escritas en las paredes de las escuelas, en sus carteleras y en sus murales, en placas colocadas en los edificios de forma permanente o en inscripciones puntuales vinculadas a acontecimientos precisos.
Cada 24 de marzo se presenta como un tiempo para el encuentro, para hablar sobre lo ocurrido y homenajear a las víctimas de la dictadura. También para reflexionar sobre lo que colectivamente pudo hacerse con la herida que permanece abierta como el camino recorrido por el movimiento de derechos humanos y la sociedad civil para juzgar a los principales responsables de los crímenes; encontrar a las nietas y los nietos que fueron apropiadas y apropiados y construir políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
La escuela, desde el retorno de la democracia, constituye un espacio destacado en esta tarea. Permite reafirmar el compromiso con una sociedad respetuosa de las garantías y las obligaciones de un Estado de derecho y renovar los sentidos de la memoria, fortaleciendo el pacto social con el Nunca Más. Es decir, hace posible el ejercicio de una ciudadanía democrática que proyecte futuros de justicia, en concordancia con el año que se conmemoran 40 años del Juicio a las Juntas, llevado a cabo en 1985.
Marco normativo
El abordaje de esta temática en las aulas se sostiene fundamentalmente en las leyes de educación nacional 26206 (artículo 92) y provincial 13688 (artículo 107), que determinan como fines y objetivos de la política educativa brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural.
En ambas normas se señala que formarán parte de los contenidos curriculares: “El ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en las alumnas y los alumnos reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 25633”.
Asimismo, todos los 24 de marzo se conmemora el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, como sostiene la Ley nacional 25633, con el objetivo de recordar a quienes resultaron víctimas de la dictadura así como consolidar la memoria colectiva de la sociedad, generar sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspiciar la defensa permanente del Estado de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos.
La dictadura militar de 1976
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas, con apoyo de sectores civiles, tomaron el poder y constituyeron una Junta Militar que desplegó un proyecto sistemático de represión al que se caracteriza como terrorismo de Estado.
La Junta disolvió los poderes ejecutivos de la nación y de las provincias, el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales; suspendió la actividad de los partidos políticos, los sindicatos, las confederaciones obreras y empresarias; y cesó en sus funciones a las cortes de justicia de la nación y de las provincias.
Además, decretó el Estado de sitio, estableció que los lugares de trabajo y producción fueran utilizados con objetivos militares, suspendió el Estatuto Docente, prohibió el derecho a huelga y anuló las convenciones colectivas de trabajo, instaló la pena de muerte para delitos de orden público, impuso la censura de prensa y suspendió las garantías constitucionales de ciudadanas y ciudadanos.
De este modo, las Fuerzas Armadas desplegaron un sistema represivo que sostuvo un crimen singular a través de la desaparición forzada de personas y la propagación del terror sobre la población. Para ello, estableció más de 800 centros clandestinos de detención en todo el territorio nacional, de los cuales 240 estuvieron localizados en la provincia de Buenos Aires. Además del secuestro, la tortura y la desaparición, fueron implementadas otras acciones represivas tales como la prisión política, la persecución y la vigilancia, los delitos sexuales, el robo y la apropiación de bebés, el exilio de cientos de compatriotas y la censura en el ámbito cultural y educativo.
Asimismo, la dictadura se propuso modificar la estructura económica dado que las condiciones que dispuso afectaron seriamente al modelo de industrialización y abrieron paso a otro de valorización financiera. Consecuentemente, se profundizó el endeudamiento externo y se produjo un aumento significativo del desempleo y la pobreza.
Nunca Más
Durante los años de la dictadura, familiares de las personas desaparecidas y sectores de la sociedad civil desafiaron el terror dictatorial y se organizaron para denunciar los crímenes. Con el retorno a la democracia, estas luchas sostenidas en lemas como “Juicio y Castigo a los culpables”, se articularon con el Estado y se tradujeron en logros colectivos emblemáticos a nivel nacional e internacional, entre ellos la investigación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el informe Nunca Más y el Juicio a las Juntas Militares en el que fueron juzgados los máximos responsables de los crímenes del terrorismo de Estado.
El Nunca Más y el Juicio a las Juntas constituyeron un piso ético fundamental para la reconstrucción de la vida democrática. En estas últimas cuatro décadas, existieron avances y retrocesos en relación con la Memoria, la Verdad y la Justicia. Hacia fines de los años 80 y durante los años 90, se limitó la posibilidad de continuar con los juicios y se liberó a los responsables de delitos de lesa humanidad que ya habían sido juzgados. Estas condiciones cambiaron a partir del 2003 cuando se derogaron las leyes de impunidad, lo que permitió la reapertura de juicios vinculados a los crímenes de la dictadura, muchos de los cuales siguen su desarrollo en el presente.
Acto de reparación en un escuela de Vicente López, 7 de noviembre de 2024. Archivo DGCyE.
Tomar la palabra sobre la última dictadura en las aulas bonaerenses
Esta conmemoración reactualiza la pregunta acerca de para qué enseñar los temas del pasado reciente y cómo hacerlo. Son acontecimientos complejos y dolorosos que, a diferencia de otros temas de enseñanza histórica y formación ciudadana, involucran cuestiones éticas, afectivas y políticas.
Por un lado, ocurrieron hace ya casi medio siglo, 49 años, podría decirse entonces que quedan lejos en términos temporales y que eso supondría menores desafíos a la hora de su enseñanza. Sin embargo, por otro lado, son acontecimientos que forman parte del debate social cotidiano y siguen sujetos a una permanente disputa por sus sentidos.
A su vez, este 24 de marzo transcurre en un presente caracterizado por el recrudecimiento de discursos que niegan o relativizan el terrorismo de Estado y que amplifican el odio a través de las redes sociales. Frente a esta situación también muchas veces las paredes de las escuelas proponen otro tipo de discurso: frases y lemas vinculados al legado del “Nunca Más” y otras que son parte de un umbral ético humanista.
La transmisión del pasado reciente implica, además, un diálogo entre generaciones capaz de estar abierto a nuevas sensibilidades, a lo inédito, a lo que no se conoce, al modo en que el presente ilumina el pasado. Para que la memoria no se gaste o se vuelva mera repetición, las nuevas generaciones deben imprimirle nuevos sentidos. Es por ello que se propone tomar la palabra, renovarla, reflexionar sobre ella a contrapelo de un tiempo en el que, no pocas veces, toman la escena palabras de crueldad.
Se trata de encontrar las palabras adecuadas, las viejas y las nuevas, para reponer el lazo entre las generaciones. Uno de los principales objetivos de la dictadura fue quebrar el lazo social y todo principio comunitario para imponer la individualidad y la fragmentación.
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